Términos y condiciones

Ambientales del Atlántico es una comunidad de profesionales ambientales del departamento del Atlántico. La plataforma es la herramienta que la sostiene: un directorio de miembros, un espacio de recursos técnicos y un calendario de eventos.

El acceso es únicamente por invitación. No existe registro público, y no va a existir: la confianza entre quienes están dentro es lo que hace que compartir tenga sentido.

• La cuenta es personal e intransferible. No la comparta ni la ceda.
• La contraseña es responsabilidad de quien la define. Si sospecha que alguien más la conoce, cámbiela de inmediato desde su perfil.
• Los datos del perfil deben ser veraces. Un directorio profesional donde los cargos o las organizaciones no corresponden a la realidad no le sirve a nadie.
• Desde su perfil puede cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Al subir un recurso, proponer un evento o completar su perfil, usted conserva los derechos sobre ese contenido y concede a la comunidad una licencia no exclusiva para almacenarlo y mostrarlo dentro de la plataforma.

Y declara que tiene derecho a compartirlo. Esto importa más de lo que parece en un gremio como este: informes de clientes, estudios contratados, formatos internos y normas con licencia son material que a menudo no es de quien lo tiene a mano. Antes de subir algo, verifique que puede hacerlo.

No se admite contenido que:

• Infrinja derechos de autor o acuerdos de confidencialidad.
• Contenga datos personales de terceros que no hayan autorizado su publicación.
• Sea publicidad, ofertas comerciales no solicitadas o promoción ajena al propósito de la comunidad.
• Sea ofensivo, discriminatorio o falso.

Las propuestas de eventos se someten a votación de la comunidad y los recursos pasan por revisión antes de publicarse. Es un filtro de pertinencia y calidad, no de opinión: se revisa que lo compartido le sirva al gremio y cumpla estas reglas.

Una propuesta que vuelve sin aprobarse se puede corregir y volver a enviar. Cuando algo se rechaza, se explica por qué.

Aquí conviven personas que en otros contextos son competencia, contraparte o autoridad. Lo que hace que funcione es sencillo: trato respetuoso, discrepancia sobre argumentos y no sobre personas, y discreción con lo que se comparte dentro.

Lo que se publica en la plataforma es para los miembros. Sacarlo fuera —reenviar un recurso, difundir datos de contacto de un colega— sin permiso de quien lo compartió rompe esa base.

Incumplir estos términos puede llevar a la suspensión o el retiro de la cuenta. Salvo casos graves, se avisa primero. Quien administre tomará la decisión y la explicará.

También puede retirarse cuando quiera, escribiendo a quien administra la comunidad o desde el módulo de soporte.

La plataforma se ofrece tal como está, sin garantía de disponibilidad ininterrumpida. Puede haber mantenimientos, fallos e interrupciones.

El contenido que comparten los miembros es responsabilidad de quien lo comparte. La comunidad no garantiza la exactitud, la vigencia ni la aplicabilidad de un documento técnico o normativo publicado por otro miembro: verifique siempre contra la fuente oficial antes de usarlo en un trabajo profesional.

Sobre la seguridad conviene ser preciso, porque es donde más se promete de más. Las medidas que protegen la plataforma están descritas en la política de tratamiento de datos y se mantienen activamente, pero ningún sistema es invulnerable. Lo que la comunidad asume es aplicar medidas razonables y avisar —a las personas afectadas y a la autoridad competente— si llegara a ocurrir un incidente; no garantizar que no ocurra nunca. Cada miembro responde a su vez por su contraseña y por los dispositivos donde deja su sesión abierta.

El tratamiento de los datos personales se rige por la política de tratamiento de datos personales, que hace parte de estos términos.

Estos términos pueden cambiar. Los cambios sustanciales se avisan dentro de la plataforma antes de surtir efecto, y la fecha del encabezado indica la versión vigente.

Se rigen por la legislación de la República de Colombia, y cualquier controversia se somete a los jueces competentes del país.